Probablemente en 3 a 5 años, Pegasus será considerado como hoy se ve la tortura, la vigilancia política masiva o ciertas armas “legales” del pasado. No porque cambie la tecnología, sino porque el derecho acabará alcanzando a las tecnologías que desestabilizan el pacto democrático.
Responsabilidad objetiva del fabricante
Dejará de valer como defensa el concepto “yo solo vendo”. Las leyes establecerá que si un producto solo puede usarse para violar derechos, el fabricante responde, aunque no ejecute el acto final.
Los instrumentos clave para esta acción serán las Directivas europeas de debida diligencia en derechos humanos y, en consecuencia, los litigios estratégicos contra fabricantes de spyware. Lo están impulsando la Comisión y el Parlamento Europeo. NSO y empresas similares ya no podrían escudarse en el cliente estatal.
Jurisprudencia que equipare vigilancia digital total a violencia jurídica grave
Los tribunales internacionales declararán que la vigilancia digital intrusiva total no es solo una injerencia en la privacidad, sino también una forma autónoma de violencia jurídica estructural.
En función del cambio de legislación y demandas en marcha, esto ocurrirá en 2-3 años en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y los tribunales constitucionales europeos con doctrina expansiva. Sera decisivo porque el TEDH crea estándares vinculantes de facto, y ya ha sentado bases sobre chilling effect / inhibición o desmotivación del ejercicio legítimo de derechos (especialmente la libertad de expresión), debido al temor a repercusiones legales, sanciones o represalias y vigilancias secretas sin remedio efectivo.
Entonces, Pegasus dejaría de analizarse como “técnica de espionaje” y pasaría a ser intrínsecamente incompatible con derechos fundamentales.
Precedente penal internacional por persecución digital sistemática.
Basta con un caso en el que Pegasus se use de forma masiva y sistemática para identificar opositores, facilitar detenciones o destruir disidencia. Y que eso se califique como crimen de lesa humanidad (persecución), en la Corte Penal Internacional (no contra la empresa, sino contra personas físicas: ministros, jefes de inteligencia).
El spyware dejaría de ser “neutral” y pasaría a ser medio criminal típico, como hoy lo son listas de exterminio o sistemas de vigilancia étnica. Diversas investigaciones de organismos internacionales como Amnistía Internacional y Citizen Lab han identificado al menos 11 Estados que han utilizado Pegasus de forma sistemática para vigilar a periodistas, activistas y figuras políticas:
México. Considerado el mayor cliente del software, con un gasto estimado de 60 millones de dólares. Se ha documentado su uso contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Marruecos. Señalado por el espionaje a activistas, periodistas e incluso a mandatarios extranjeros como Emmanuel Macron.
India. Utilizado para vigilar a líderes de la oposición y periodistas antes de procesos electorales.
Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Relacionados con el seguimiento sistemático de disidentes, incluyendo el entorno del periodista asesinado Jamal Khashoggi.
Hungría. Es el único país de la UE donde se ha confirmado un uso gubernamental masivo contra críticos del Gobierno.
Otros Estados: Azerbaiyán, Bahréin, Kazajistán, Ruanda, Togo y El Salvador (este último con un hackeo a gran escala contra medios de comunicación).
En España, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) admitió el uso de Pegasus contra líderes independentistas catalanes, aunque sostiene que se realizó de forma puntual y bajo autorización judicial, rechazando que fuera un espionaje masivo.
Deja una respuesta