Una oferta publicada en Infojobs describe, sin ambigüedades, tareas vinculadas con fraude digital: publica una vacante que busca “estafadores” para “ejecutar ransomware”.
Una oferta que cruza todas las líneas
La publicación, curiosamente localizada en León (España), sede del Instituto Nacional de Ciberseguridad (la única explicación que justificaría esta oferta laboral es que se trate de algún extraño experimento del INCIBE), y asociada a un puesto en modalidad de solo teletrabajo, describe de forma explícita que la persona contratada debe “llamar a las mejores empresas y convencerlas de ejecutar ransomware”, ofreciendo además un 50% de la recompensa obtenida.
El salario anunciado oscilaba entre 30.000 y 60.000 euros brutos al año, con contrato a tiempo parcial en jornada de tarde y sin requisitos académicos formales.
El anuncio figura dentro de la categoría de Informática y telecomunicaciones – Sistemas, con nivel de especialista y una única vacante disponible.
A pesar de lo abiertamente ilícito de la descripción, la oferta acumula 21 personas inscritas, un dato que agrava la preocupación sobre la normalización de este tipo de mensajes y su posible efecto llamada.
Un control de contenidos claramente insuficiente
Uno de los aspectos más llamativos del caso es el tiempo de exposición pública del anuncio. Según consta en la propia ficha, la vacante había sido publicada “hace 16 horas” y el viernes 16 de enero aún no había sido retirada, pese a que su contenido vulnera principios básicos del marco legal español y europeo en materia de delitos informáticos.
Este retraso en la eliminación pone en cuestión los sistemas automáticos y manuales de revisión de ofertas.
En un portal con millones de usuarios y miles de anuncios activos, la existencia de filtros semánticos y de validación debería impedir que términos como ransomware, estafa o recompensa criminal lleguen a publicarse sin una verificación exhaustiva.
La referencia a LockBit y el contexto criminal
El anuncio señalaba como departamento a LockBit, nombre ampliamente conocido en el ámbito de la ciberseguridad por su vinculación con ataques de secuestro de datos a gran escala.
La simple aparición de esta denominación en una oferta de empleo debería haber activado alertas inmediatas, ya que se trata de un grupo asociado a actividades delictivas perseguidas internacionalmente.
La mención directa a este entorno no solo expone a la plataforma a un grave problema reputacional, sino que también evidencia la facilidad con la que estructuras criminales pueden utilizar canales aparentemente legítimos para captar colaboradores.
¿Responsabilidad legal?
Más allá del impacto mediático, se encuentra la responsabilidad editorial de los portales de empleo.
Aunque estas plataformas suelen presentarse como meros intermediarios técnicos, la publicación de contenidos manifiestamente ilegales puede acarrear consecuencias jurídicas y dañar la confianza de usuarios y empresas.
En un mercado laboral cada vez más digitalizado, la credibilidad es un activo crítico. Permitir, aunque sea durante unas horas, anuncios que promueven delitos informáticos socava la percepción de seguridad y profesionalidad que esperan tanto candidatos como compañías legítimas.
Un síntoma de un problema mayor
La proliferación de estafas, ofertas fraudulentas y propuestas laborales encubiertas refleja una tendencia preocupante.
La combinación de teletrabajo, anonimato y alta rotación de anuncios facilita que actores maliciosos intenten colarse en plataformas masivas, aprovechando cualquier brecha en los sistemas de control.
Que una oferta de estas características esté visible y haya recibido inscripciones demuestra que el problema no se limita a la publicación en sí, sino que si ésta ya no admite más inscripciones, ¿significa eso que la persona que publicó la oferta ya ha conseguido alguien para cometer este delito?
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